Empieza la periodista preguntando a Mariano Rajoy sobre la
campaña de recogida de firmas que está llevando a cabo el PP para pedir un
referendum sobre... Bueno, la pregunta que hacen no tiene relación directa con Cataluña, pero tampoco nunca el PP participa o convoca una manifestación contra nada (sino a favor de lo contrario, o de lo que sea que vaya a ser).
Explica Rajoy la razón de dicha campaña. Con el reglamiento actual en la mano, el trámite del nuevo
Estatut viene a ser el siguiente: Cortes Generales, referendum en Cataluña y después posibilidad de recurso ante el Tribunal Constitucional. Dice Rajoy que su formación preferiría que hubiera posibilidad de recurso (o al menos consulta) al TC antes del
referendum catalán, pero que ante la imposiblidad de cambiar el reglamento... se lo saltan. Su intención, a mi juicio equivocada pero coherente con su consideración de que el
Estatut es de facto una reforma constitucional, es introducir un
referendum a nivel estatal entre la aprobación en Cortes y el recurso ante el Constitucional, suprimiendo en la práctica el
referendum catalán.
Con relación a este tema, la cuestión que le plantea la entrevistadora es la misma que me ronda la cabeza hace tiempo. Y creo que la intención del PP no salva mi objeción. Supongamos que se celebra ese
referendum a nivel estatal, obteniendo unos resultados que dijeran que la mayoría de españoles quieren que todos sigamos teniendo los mismos derechos y deberes en una sola nación (como si de verdad ahora todos tuviéramos los mismos derechos y deberes...). Una vez que todo esto ocurriera, ¿qué pasaría si, por ejemplo, el Ejecutivo elevara un amparo a Tribunal Constitucional y éste resolviera que el texto aprobado, el
Estatut, es conforme a Derecho? Claramente tendríamos un problema: por un lado, las personas habrían votado contra un texto que, por el otro, se ajusta a la perfección a nuestra Carta Magna.
Creo que la crisis institucional sería importante, ya que no habría legitimidad real para echar atrás dicho texto (ya que se ajusta a Derecho), pero tampoco habría autoridad moral para mantenerlo con un
referendum en contra (aunque, repito, el
referendum pregunte sobre el olor de las nubes tal y como está redactado). Y la verdad es que me asusta que el principal partido de la Oposición sea tan torpe para no ver este problema. No, me asusta más que lo hayan visto y sigan adelante.
Sinceramente, creo que el reglamento es una chapuza. Con todas las letras. No creo que sea normal que la posibilidad de saber si un texto estatutario se ajusta a nuestra Constitución deba producirse despues de que los ciudadanos, ya sea autonómicos o globales del Estado, se pronuncien sobre él. Pero también creo que la estrategia del PP es errada: si quieren recoger firmas, si quieren cambiar el relamento, que lo junten todo. Que recojan firmas para cambiar el reglamento, y que lo cambien cuanto antes (porque mira que han tenido años...). Pero que no se lo salten a la torera. Y si tan seguros están de la inconstitucionalidad del texto, el
referendum es innecesario: el TC echará la reforma atrás en cuanto tenga ocasión. Es por esto que me asusto: no estarán tan seguros si
quieren poner en la cuerda floja la legitimidad de las Leyes del Estado (buuuuhhh, esta frase me ha quedado que hasta a mí me asusta...). Y mucho me temo que ante esa posibilidad no se amedrentan si con ello consiguen réditos electorales al presentarse como los únicos preocupados por saber qué opina el pueblo.
¿Qué salida puede tener esto? No lo sé, la verdad. Cuando lo cierto es que desde los partidos que forman el Govern catalán se tiene pactado no negociar con el PP, cuando desde el PP estatal se niegan en redondo a hablar de nada, cuando se consensúan textos en despachos a puerta cerrada... pasan estas cosas. Y los que lo sufren, al final, son los ciudadanos.
No veo salida fácil al proceso. Sólo si el texto estatutario fuera viable constitucionalmente y el
referendum del PP fracasara (una mayoría del NO, por ejemplo) habría algo de luz. O justo lo contrario: si el texto estatutario fuese anticonstitucional y el
referendum popular un éxito del SÍ. Pero no creo que se den ninguna de esas dos premisas. Primero, porque en España, mal que nos pese, hay mucho voto de partido y poco de ideas. Así, me temo que mucho voto socialista iría al NO en esa consulta (y mucho popular al SÍ) sin leer lo que dice la pregunta (auque yo, habiéndola leído, debo reconocer que tengo unas ganas inmensas de que se celebre dicha consulta y votar NO, porque me parece una pregunta tan tramposa e irreal que se merece una negativa mayúscula; en España no somos todos iguales en derechos y deberes: véanse los derechos forales y económicos de Navarra o véanse los derechos de la Corona). Y con respecto a lo otro, a la adecuación de la reforma al marco legal vigente, tengo mis dudas. Pero son mías, de un lego en la materia. Por supuesto, dudas no vinculantes. Que no soy Tejero.
Sin embargo, en esta parte de la entrevista se produce un hecho singular: conocemos por fin las capacidades adivinatorias de Rajoy. Por fin se quita la máscara y encontramos a la bruja Lola que lleva dentro. Si señores. Ante la pregunta que muchos nos hemos hecho de cómo está tan seguro Rajoy de que el nuevo
Estatut es inconstitucional si el texto ha sido modificado y no hecho público (si alguien quiere, podemos discutir lo que opino sobre este hecho, pero lo adelanto: suma motivos para mi abstención en las próximas elecciones generales; de todas formas abordaré este asunto en las siguientes entradas), el líder de la Oposición aduce que
tiene la certeza moral de que lo es. Certeza moral.
Me suena... Señor Rajoy, un político serio no dice que un proyecto legislativo no se ajusta a la Constitución basándose en «certezas morales» sino en informes jurídicos, vamos, digo yo. Además, según el enlace anterior, usted y sus certezas morales no aciertan siempre. Y en temas importantes, no es conveniente equivocarse así. Otra vez, quiero decir.
Porque alguien ya se ha equivocado en este tema. Leo en
LibertadDigital (dios, nunca creí que escribiese esas palabras... y dos veces en el mismo post):
El secretario general del Partido Popular,
Ángel Acebes, se ha referido a la noticia que publica este lunes el diario El País según la cual "el PP no podrá validar las firmas electrónicas contra el Estatuto, según Protección de Datos". El diario de Prisa asegura que los apoyos recogidos por los populares para solicitar un referéndum en toda España sobre el Estatuto de Cataluña "no podrán ser cruzadas con otra base de datos para comprobar su autenticidad, al no advertirse en la página web de esta posibilidad".
El responsable del PP, que desveló que ya han recabado más de 825.000 apoyos, dijo que es mentira que las firmas registradas por Internet sean "nulas" y aseguró que son "plenamente válidas", con tal de que tengan la correspondiente identificación del DNI.
(...)
"Las firmas valen, vaya si valen", apuntó Acebes (...)
Lástima que hasta los que se suponen de su cuerda
opinen lo contrario. Y lo demuestren con actos, aunque no con palabras: apelando al "y tú más". Y yo me pregunto varias cosas:
Primera: ¿descontarán de sus tropecientosmil firmas recogidas las más de 500.000 que se han emitido desde
esta página, según ellos mismos dicen (y
explican)?
Segunda: ¿aceptarán la
firma del señor Aznar Hombrecillo Insufrible, DNI 22525809T, que, según Acebes, es válida?
Tercera: ¿cómo piensan validar las firmas? Según la
Ley Orgánica 3/1984 de 26 de Marzo que regula la Iniciativa Legislativa Popular debe hacerlo un Notario, un Secretario Judicial o el Secretario municipal correspondiente al municipio en el censo del cual se haye inscrito el firmante... ¿Quién va a pagar ese trabajo de
chinos notarios?
Cuarto: ¿nadie en el Partido Popular se ha leído dicha Ley Orgánica 3/1984 de 26 de Marzo que regula la Iniciativa Legislativa Popular y que dice expresamente que junto al nombre y DNI debe incluírse el municipio donde el firmante se haye inscrito?
La segunda pregunta
sí tiene respuesta.
Alguien debería decirles, desde dentro, que están haciendo el ridículo.